La Comisión que se encarga de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal se reunió  en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La misma es presidida por el camarista Mariano Borinsky.

Entre los temas que se analizaron en esta oportunidad se destacaron las penas privativas de la libertad. En este punto se resolvió que su límite máximo se establecerá en 50 años. Se trataron las pautas para determinar las sanciones, y referidas a la aplicación de  los agravantes y atenuantes.

Otro tema incluido fue la figura del decomiso. Según se acordó este procederá para todos los casos de delitos dolosos o imprudentes. Serán pasibles de decomiso aquellos bienes que hayan servido para la comisión del hecho y  aquellos que constituyan su producto o ganancia. También será aplicable a los órganos de una persona jurídica.

Se prevé que podrán decomisarse los bienes o del  inmueble donde se hubiera mantenido a una víctima privada de su libertad o donde haya tenido lugar su explotación.

Un aspecto que debe destacarse de la redacción es que no habrá necesidad de condena penal cuando el origen ilícito de las cosas o los bienes se tenga por comprobado y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o haya impedido su condena su inimputabilidad, inculpabilidad,  la excusa absolutoria, o el imputado hubiere reconocido la procedencia o el uso ilícito de las cosas o los bienes.

Si se diera la circunstancia que la persona a la que correspondiera decomisar careciera de bienes suficientes, el saldo constituirá un crédito a favor del Estado, y se dejará a salvo el derecho de su víctima  a ser indemnizada.

Se analizó también  la ley de Responsabilidad de las Personal Jurídicas y  la atribución de autoría en estructuras empresariales. Y se comenzó a discutir la modernización del texto que refiere a la imputabilidad en casos de enfermedad mental y su relación con  el régimen de la ley de salud mental y del código civil. 

Los otros integrantes de la Comisión que preside el camarista de la Casación Penal, Mariano Borinsky son: el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista, Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba y la jueza Patricia Susana Ziffer. Participan junto a los anteriores, los representantes del  Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.

Fuente y foto: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación