El Consejo Federal de Justicia (COFEJUS) se reunió este jueves (15 de marzo) en la ciudad de Mar del Plata y contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, el  secretario de Justicia Santiago Otamendi, el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, entre otros ministros y representantes provinciales y funcionarios de la cartera nacional.

Garavano, quien encabezó el plenario, destacó el muy buen funcionamiento de este ámbito donde los "ministros de las distintas jurisdicciones del país se acuerdan políticas públicas en materia de justicia, en materia penitenciaria, de derechos humanos, de acceso a justicia.

El ministro reconoció que esto permitió recomponer una deuda que tenía la Nación con las provincias en materia del patronato de liberados y de presos federales detenidos. A la vez de poder encarar políticas penitenciarias conjuntas y que el Ministerio tenga Centros de Acceso a Justicia en todo el país.

En el marco de esa reunión se firmaron cartas compromiso para crear la Red Federal de Política Criminal, fortalecer las políticas de transparencia en la gestión y lograr la simplificación de trámites en la administración pública.

El COFEJUS fue creado en el año 2008 y su finalidad fue la de poder coordinar las acciones de cooperación entre la Nación, las provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para fijar políticas comunes en materia judicial y penitenciaria.

Tiene como objetivo el de proponer políticas que contemplen las problemáticas y particularidades de cada región y el desarrollo de anteproyectos de reforma con criterios uniformes para las distintas jurisdicciones.

Previo al encuentro, se reunieron las mesas de trabajo de las comisiones de  Asuntos Penitenciarios, Política Criminal, Acceso a la Justicia y  Derecho Privado, que luego expusieron sus conclusiones al Consejo.

En la Comisión de Acceso a la Justicia, la directora nacional de Mediación y Métodos participativos de Resolución de Conflictos, Raquel Munt, expuso sobre los objetivos, ejes temáticos y avances en la organización del XIV Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz que se desarrollará en septiembre próximo en Buenos Aires, e invitó a las provincias a participar.

En tanto la Comisión de Derecho Privado, que estuvo presidida por la coordinadora del Programa Nacional de Derecho Privado Agustina Díaz Cordero, trató el anteproyecto de Ley Procesal de Familia, presentó las  “Bases para la Reforma Procesal de Familia”, trabajó el anteproyecto de Ley de Procesos Colectivos y expuso sobre el estado de avance de la Comisión Redactora del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En la comisión de Política Criminal,  Juan José Benítez, subsecretario del área, puso a consideración de la mesa de trabajo la creación de la Red Federal de Política Criminal y la implementación del Código Procesal Penal Modelo para la armonización legislativa de las provincias.

También se reunió previamente el Consejo Federal Penitenciario (COFEPE) encabezado por el jefe de gabinete de la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Esteban Mahiques, quien se refirió a los avances en torno a la cancelación de una deuda histórica que tenía la Nación por el alojamiento de internos federales en establecimientos provinciales (Garavano firmó la resolución para el pago de 47 millones de pesos, cancelando así el total de la deuda al 31 de diciembre de 2017).
En cuanto al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, señaló que se han adherido 20 provincias y ha entregado 2150 dispositivos desde el inicio de la gestión.

Las cartas compromiso firmadas durante la reunión de la COFEJUS fueron tres:

La primera propone la creación de una Red Federal de Política Criminal, que tendrá un representante de cada jurisdicción y será presidida el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez.
Su propósito sera la de trabajar en el rediseño de las estructuras organizacionales de las instituciones del sistema de justicia, orientando el esfuerzo de las provincias y del Estado Nacional para eliminar las prácticas de gestión burocráticas. Se propone también incrementar el uso de la tecnología en los sistemas de administración de justicia penal, instaurar la gestión digital de los casos en los poderes judiciales y los Ministerios Públicos y utilizar la innovación tecnológica para el desarrollo de la persecución penal inteligente.

En la segunda carta, fue un compromiso de parte de los firmantes para la instalación de las medidas necesarias para el fortalecimiento de la integridad y la transparencia en la gestión de los asuntos públicos que aumenten la confianza de la ciudadanía en las instituciones y promover la implementación de esas medidas en el ámbito del Poder Judicial y los Ministerios Públicos.

Finalmente la tercera se refiere a la Administración Pública y el objetivo de avanzar en mejoras regulatorias tendientes a la simplificación de trámites y formalidades para lograr tener  instituciones competentes, eficientes, abiertas, inclusivas y responsables.

Fuente: Artículo publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación