La Defensoría del Pueblo de la Nación recibió numerosas consultas y reclamos a raíz de la decisión de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de notificar a aquellas personas que sufren discapacidades, sobre el procedimiento de actualización de su condición médica de invalidez laboral y de emplazarlos a cumplimentar el trámite en el Establecimiento de Salud Oficial más cercano a su domicilio, en el plazo de 60 días, prorrogado por 30 días más. Todo elsto bajo apercibimiento de proceder a la suspensión del pago de la pensión no contributiva que perciben.

Ante ello, quienes fueron intimados, se acercaron a las Salas u Hospitales públicos, pero se encontraron que en esos lugares desconocían el trámite por el que recurrían, ni contar con medios o elementos necesarios para formalizar el trámite digital.

Esta situación llevo a que la Defensoría dictara una resolución en la cual se hizo referencia a la “responsabilidad del Estado por sus actos propios en el accionar, que desarrolla en el ámbito de sus relaciones con los particulares”, como así también a la necesidad de proveer protección especial y garantía de respeto de los derechos humanos a ese grupo vulnerable.

Fuente: Comunicado de la Defensoría del Pueblo de la Nación