La ley de flagrancia redujo notablemente los tiempos procesales
Las causas iniciadas a delincuentes que son detenidos “in fraganti” ya no tienen que esperar años hasta llegar a sentencia.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.272 en diciembre de 2016 las personas detenidas en el momento en que estén cometiendo un delito o inmediatamente después, y con las pruebas del ilícito, deben ser llevados ante el juez dentro de las 24 y 48 horas para que se lleve a cabo una audiencia oral y pública donde se tomará la decisión acerca de su libertad.
Esta norma solo es aplicable para delitos menores o aquellos que no superen los 15 años de prisión.
Antes de la sanción de la ley, las causas podían tardar más de dos años, en cambio ahora, según un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, estos no se extienden más de dos años desde que se cometió el delito.
Estos datos fueron corroborados a través de un monitoreo realizado los primeros días de abril de esto año por la Unidad de Asistencia a la Reforma Procesal Penal de la Subsecretaría de Política Criminal que mostró la reducción de los tiempos de trámite de las causas.