El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, criticó la actualización del revalúo inmobiliario por las consecuencias que tendrá sobre el bolsillo de trabajadores y jubilados bonaerenses.
Según la legislación vigente, este revalúo debe implementar cada 10 años. La última vez que debió haberse efectuado fue en el 2015 ya que el último había ocurrido en el año 2005.
La administración anterior se negó a aplicarlo en su momento mientras que las nuevas autoridades lo habían postergado dada la delicada situación del país.

La actualización hará que muchos inmuebles de clase media, que no pagaban el impuesto por Bienes Personales, ahora comenzarán a pagarlo. Un impuesto que según Lorenzino es para los ricos.

El revalúo inmobiliario que dispuso el gobierno provincial, alcanza a casas, departamentos y terrenos baldíos. Contempla un mínimo no imponible para 2018 es de $1.050.000, el cual queda alcanzado con un automóvil y una propiedad.

El defensor alertó que “el revalúo no solo impacta en el ABL del municipio, sino también en el agua y en otros servicios. Lo grave no es el aumento en la partida que llegará, que es el doble por tope, sino en el contexto en que se ha dado". En este marco, algunas facturas llegaron con un 900% de aumento de valuación fiscal.

Ademas, aseguró que “se trata de una situación dramática, porque los trabajadores no van a poder pagar semejante aumento. Es una locura por más que se haya fijado un tope".

ARBA aseguro que "la valuación del inmobiliario ha sido actualizada aproximándose al valor de mercado" y "para que el revalúo no afecte significativamente a los contribuyentes, se establecieron topes que limitan el incremento del impuesto".

Fuente: Defensoría del Pueblo de  la Provincia de Buenos Aires.